La desastrosa prestación del servicio de energía en la Región Caribe refleja la típica frase de que “el remedio resultó peor que la enfermedad”.

Ninguno de los operadores que compraron activos en el sector eléctrico regional han podido con la solución del problema.

Si el servicio y el manejo administrativo de las empresas era altamente deficiente con el Estado, las cosas no han cambiado en estos 22 años, desde que el Gobierno Nacional decidió entregarle la operación del sistema a operadores que, “supuestamente”, se encargarían de solucionar el problema. Y, además, con unos activos regionales prácticamente regalados a la seguidilla de operadores.

Este oscuro panorama inició en agosto de 1998 cuando el Gobierno decidió liquidar las Electrificadoras de los diferentes departamentos, crear dos empresas subregionales, Electricaribe y Electrocosta, y capitalizarlas en un 65% con el consorcio conformado por Houston Industries y Electricidad de Caracas (EDC).

A este consorcio le transfirieron todos los activos, algunos pasivos y se realizó la sustitución de los trabajadores y pensionados de las anteriores electrificadoras públicas (Atlántico, Magdalena, César, Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y Magangué). El 35% restante quedó en manos de las anteriores electrificadoras y Corelca.

El inicio de la era española

Sin embargo, las empresas no respondieron a las expectativas del Gobierno ni de los usuarios y los inversionistas decidieron vendieron su participación a Unión Fenosa, de España, que asumió el control de las compañías en noviembre del año 2000, convirtiéndose en el nuevo operador del sistema regional.

Con el nuevo operador la situación tampoco cambió. La prestación del servicio de energía fue cada vez más crítico y, como consecuencia de ello, los problemas de orden público se volvieron recurrente, debido a las protestas de los usuarios.

En diciembre de 2007 los operadores decidieron fusionar las empresas Electricaribe y Electrocosta. Con esta fusión Electricaribe adquirió los bienes, derechos y obligaciones de Electrocosta y todos los trabajadores, pensionados y clientes de esta pasaron a la primera en las mismas condiciones.

El 18 de marzo de 2009, Gas Natural SDG S.A. adquirió todos los derechos sobre las acciones de Unión Fenosa S. A., y, como consecuencia de ello, asumió el control de la compañía, constituyéndose en el tercer operador del sistema costeño.

Así las cosas, el componente de 50.103.555.615 acciones ordinarias, con un valor nominal de $42 cada una, quedó de la siguiente manera: Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L. (85,38%, representado en 42.711.402.957 acciones); la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2,36%, representado en 1.179.055.732 acciones y a través del Ministerio de Minas y Energía un 0,34% representado en 169.856.899 acciones, para un total de participación estatal a nivel nacional del 2,70% con 1.348.912.631 acciones. El restante 11.92% de la propiedad de la compañía quedó en poder de otros privados 0.63%, de otros públicos 7.4% y mixtos 3.89%.

La Intervención de la Superservicios

Con los nuevos dueños, la situación tampoco cambió. El servicio de energía era cada vez peor y las alteraciones del orden público se convirtieron en el pan de cada día.

Tanto así que el 14 de noviembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe, así como la separación definitiva del representante legal y Junta Directiva.

En concreto, la Superservicios, después de realizar un riguroso análisis, concluyó que la gravísima situación financiera de Electricaribe la tenía al borde de una cesación general del pago de sus obligaciones, entre ellas las de los agentes del mercado mayorista que proveen la energía que requiere para la distribución a los usuarios, “con lo cual se generó el riesgo de que la empresa no pudiera prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad exigida por la regulación”.

Y el 14 de marzo del año 2017, la Superservicios dispuso que la modalidad de intervención en adelante sería con fines “liquidatorios - etapa de administración temporal”, a efectos de implementar una solución que permitiera la continuidad del servicio.

No obstante, el manejo operativo y administrativo de la empresa, bajo la intervención de la Superservicios, tampoco cambió las cosas. El servicio siguió peor, con el agravante que comenzaron a destaparse pésimos manejos en la destinación de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para subsidiar las tarifas de los estratos bajos y financiar obras para la normalización del servicio en las zonas vulnerables.

Tanto así que la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto detrimento patrimonial, por 78.517 millones 595 mil 205 pesos, cifra que luego aumentó a $187.227 millones.

Los nuevos operadores con ‘cheque en blanco’

Ahora, en medio de serios cuestionamientos, y tras un proceso cargado del más absoluto misterio, se disponen a ingresar los nuevos operadores.

Se trata de EPM que será la encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en el segmento conocido como Caribe Mar que cubrirá a 1.51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Y el Consorcio Energía de la Costa, integrado por Latin American Corp. y la Empresa de Energía de Pereira, que asumirá el segmento Caribe Sol con 1.21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira.

La operación iniciará bajo la más completa incertidumbre en torno al valor final de la subasta liderada por la Superintendencia de Servicios y, adicionalmente, con un ‘cheque en blanco’ que el Gobierno Nacional le entregó a las nuevas empresas para que aumenten las tarifas, en perjuicio de los usuarios.

En otros términos, esto representa, ni más ni menos, que el regalo anticipado para unos operadores sin haber comercializado el primer kilovatio/hora.

De paso, son muchos los interrogantes que también deja el proceso de intervención por parte de la Superservicios.

¿Será que esta vez los operadores sí pueden con el servicio? ¿O seguirá el cuento del ‘gallo capón’?